Entre Venezuela e Irán, China no ve dos crisis aisladas sino un mismo patrón en el avance de intervenciones que buscan imponer hechos consumados, desplazar a la ONU y poner la energía en el centro de la disputa. Para los analistas chinos el problema no es solo quién controla Caracas o Teherán, sino qué queda del orden internacional cuando la fuerza empieza a reemplazar a las reglas.
Entre enero y marzo de 2026, medios y voceros chinos presentaron las crisis de Venezuela e Irán como casos conectados por tres ejes: soberanía, papel de la ONU y seguridad energética. En Venezuela, la cobertura se centró en la captura y traslado de Nicolás Maduro; en Irán, en la escalada militar identificada como “Epic Fury”. Beijing respondió con llamados a la liberación inmediata de Maduro y al cese de operaciones militares en Irán, y vinculó ambos episodios con riesgos para el comercio y la energía.
En el caso venezolano, China situó la discusión en el plano de la soberanía estatal y del derecho internacional. En sus pronunciamientos respaldó que el episodio fuera examinado en el Consejo de Seguridad de la ONU y reclamó garantías para la seguridad personal de Maduro y Cilia Flores. La cobertura china describió la captura de un jefe de Estado y su salida del territorio nacional como un hecho con implicaciones para la legalidad internacional y para la forma en que se administra el escenario posterior.
Sobre Irán, China pidió frenar la escalada, sostuvo que operaciones sin autorización del Consejo de Seguridad vulneran la soberanía e insistió en trasladar el caso al marco multilateral. En ese contexto, medios chinos reportaron la muerte del líder supremo iraní y la posición oficial de Beijing de priorizar la protección de civiles, la integridad territorial y la contención regional.
Los despachos chinos presentaron además una secuencia común en ambas crisis: al hecho de fuerza le sigue una fase de administración política, de seguridad y económica. En Venezuela, esa fase incluyó la decisión del Tribunal Supremo para que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de inmediato, junto con reportes sobre una transición bajo control estadounidense. También se informó sobre actividad de inteligencia, incluida la posibilidad de presencia sostenida de la CIA, según reportes de Xinhua.
Implicaciones
Medios chinos señalaron reuniones petroleras en Miraflores con el secretario de Energía y conversaciones de seguridad con el Comando Sur de Estados Unidos alrededor de un “plan de tres fases” para la estabilización del país. El componente energético ocupó un lugar central pues Xinhua informó sobre la incautación del quinto buque petrolero, luego del sexto buque petrolero, y sobre el abordaje del Aquila II en el Índico. Más tarde recogió declaraciones de Donald Trump sobre la recepción de más de 80 millones de barriles derivados de la intervención.
En Irán, la dimensión energética fue presentada como un riesgo sistémico. La Organización de Cooperación de Shanghái advirtió que la escalada afectaba corredores clave para comercio y energía, con posibles efectos sobre rutas, costos de transporte, seguros y abastecimiento. Antes de la ofensiva, Xinhua había informado sobre conversaciones indirectas en Muscat, descritas según el despacho como un inicio favorable, y sobre nuevas rondas en Ginebra en el inicio de la tercera ronda con mediación de Omán.
Tras el comienzo de “Epic Fury”, Beijing afirmó no haber sido informada con antelación en su declaración y concentró su respuesta en evitar una regionalización del conflicto. Paralelamente, Omán señaló apertura a fórmulas de negociación en su declaración, mientras China insistía en el retorno al marco de la ONU como vía para contener la escalada.
En Venezuela, el control de exportaciones y rutas energéticas aparece como un factor con capacidad de alterar mercados y decisiones de política económica. En Irán, la amenaza sobre corredores energéticos es presentada como un riesgo para importadores y exportadores, para el costo del transporte y para las expectativas de inflación en regiones dependientes del comercio marítimo.
En ese contexto, Colombia adoptó una posición pública centrada en soberanía, no intervención y recurso a mecanismos multilaterales. Frente a Venezuela, Gustavo Petro rechazó “la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, pidió “diálogo y más diálogo”, ordenó reforzar la frontera y activó la embajada en Caracas para asistir a connacionales. A nivel diplomático, la Cancillería envió una nota verbal por amenazas de intervención, y el embajador Daniel García-Peña remitió otra nota de protesta al secretario de Estado Marco Rubio.
Respecto de Irán, Petro reiteró su rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad y afirmó que Trump “se ha equivocado”. La Cancillería, además, acompañó esa postura con medidas consulares: suspendió la apertura de puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dabi el 2 de marzo y dejó su reactivación sujeta a condiciones de seguridad.
La cobertura china presentó las crisis de Venezuela e Irán como episodios conectados por el uso de la fuerza, la disputa por la legitimidad internacional y la centralidad de la energía. En paralelo, la posición colombiana fue descrita como una combinación de recurso a la ONU, condena diplomática y medidas prácticas de frontera y protección consular, en un momento en que el país se prepara para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad entre 2026 y 2027 y mantiene un discurso multilateral como marco de actuación.