Cuando pensamos en corrupción se nos vienen a la cabeza imágenes de sobornos, robos y otros actos ilegales. Y aunque eso es parte indudable del fenómeno, según la tradición republicana la corrupción es sobre todo la preferencia del interés particular por encima del general en los asuntos públicos. Esta surge sobre todo cuando los millonarios pueden comprar la voluntad de los políticos, haciendo que tomen decisiones que benefician a las minorías más ricas sobre el resto de la sociedad.
Maquiavelo, uno de los principales pensadores del republicanismo, explicaba que la corrupción es el resultado de la desigualdad económica. De acuerdo con el florentino, esta inevitablemente llevará a que los millonarios usen sus recursos para corromper los mecanismos de decisión a su favor. Los ricos, en otras palabras, eventualmente también se volverán políticamente poderosos.
El problema de la corrupción, tal y como lo entendemos aquí, preocupa muy poco a los establecimientos liberales del mundo, pues suponen que la democracia liberal, con sus principios representativos, da a las mayorías el poder sobre su propio destino. En otras palabras, los millonarios no deberían tener una influencia desmedida en los asuntos públicos. Sin embargo, la evidencia dice otra cosa. Por ejemplo, algunos estudios han concluido que en EEUU el 0.1% más rico tiene una influencia vastamente superior a la de los ciudadanos normales, y domina la toma de decisiones en áreas clave.
En China, a diferencia del mundo occidental, el problema de la corrupción como lo hemos entendido aquí (la preferencia del interés particular por encima del general) es muy relevante para el Partido Comunista. Esto no quiere decir que el país sea perfecto. Solo me refiero a dos cosas importantes: (1) que el Partido Comunista domina a los millonarios (como clase), no los millonarios al partido; (2) las decisiones políticas que benefician a la mayoría pueden tomarse sin que los millonarios ejerzan una resistencia invencible.
El Partido Comunista vio cómo, tras la caída de la URSS, el poder político en Rusia quedó en manos de mafias de empresarios que dejaron al país muy débil. Esto no podía pasar en China. Con las transformaciones económicas de los 90 y 2000, el gobierno se aseguró de conservar su autonomía frente a los intereses de los más ricos. Así pues, los millonarios chinos saben muy bien que están subordinados al poder político en su país. No es que carezcan de toda influencia, lo que sucede es que su poder nunca es superior al del Partido. Por ejemplo, Wal-Mart no acepta sindicatos en EE. UU., pero en China está obligado a hacerlo. Mientras en el primer país las leyes se hacen para beneficiar a Wal-Mart, en China Wal-Mart está subordinado al poder político y legal.
Lo anterior ha sido clave para que China alcance sus objetivos industriales. En efecto, la autonomía del Estado le permite a ese país planear objetivos que no necesariamente se alinean con los intereses inmediatos de los empresarios, sino con el interés nacional en el mediano y largo plazo. Esto no quiere decir que la política industrial no beneficie a los empresarios. Por supuesto, los subsidios y la expansión de la capacidad de las fábricas redundan en su bienestar. Pero ellos no son los que dictan, sin tener en cuenta los objetivos más grandes de la sociedad, lo que la política industrial debe hacer.
Veamos un ejemplo más. Mientras en EEUU, los intereses de los empresarios son primordiales a la hora de la construcción de grandes proyectos de infraestructura (carreteras, trenes, etc.), en China los objetivos de desarrollo están por encima de los intereses estrechos de algunos empresarios. Por eso, ese país logró construir la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo en tiempo récord. En EEUU, en cambio, los hermanos Koch (millonarios) han financiado sofisticadas campañas contra el transporte público en ese país. Y, en efecto, sus intereses han prevalecido sobre los de la mayoría. El gigante del norte no cuenta con la red ferroviaria que debería tener, puesto que un puñado de millonarios no están de acuerdo con eso.
Los chinos no viven en un país sin corrupción. Ellos mismos lo reconocen y por eso han lanzado campañas contra ese fenómeno. La de Xi Jinping ha juzgado a más de 2.3 millones de funcionarios del gobierno, por ejemplo. El robo, los sobornos y otros crímenes han sido duramente perseguidos por el actual presidente del país. Su política actual es de cero tolerancia. Pero este artículo quiere mostrar que el Estado chino también lucha contra la corrupción en un sentido diferente: ha luchado por conservar su autonomía o independencia de los intereses de los millonarios, con lo cual puede planear el futuro sin frenarse por la resistencia de estos últimos.
Volvamos al principio. En China existe desigualdad económica. Al fin y al cabo hay millonarios. A pesar de eso, estos no han podido corromper los mecanismos de toma de decisiones para que los favorezcan principalmente a ellos. Insisto en que esto no significa que, como Xi Jinping lo reconoce, China sea un país sin corrupción de otros tipos. Ni tampoco que el país sea perfecto en otros aspectos de su sistema político. Los mismos chinos viven en permanente debate sobre qué debería cambiarse en su país. Sin embargo, sí han logrado a su manera que el Estado pueda tomar decisiones en beneficio de la mayoría, sin que los empresarios puedan detenerlo. Esa es una importante lección en un mundo cada vez más dominado por las oligarquías.